El impuesto de sociedades y las discrepancias contables con Hacienda

El Impuesto sobre Sociedades es el impuesto que grava la obtención de renta por parte de las sociedades y demás entidades jurídicas residentes en España. Muchos lo han llamado el IRPF de las empresas, sin que eso sea muy correcto, pero en verdad, al final, funciona en contraposición a éste: el IRPF grava la renta de la personas físicas, el Impuesto de Sociedades, como su propio nombre indica, a las sociedades, no solo a las que pueden considerarse propiamente empresas.

Lo más correcto es, por tanto, definir que el Impuesto de Sociedades grava en nuestro país la actividad productiva que genera beneficio a las personas jurídicas. Y toca tributar ya, porque, en el caso de los períodos impositivos normales que coinciden con los años naturales, este impuesto se declara en el mes siguiente al sexto cumplido tras la terminación del período impositivo. O sea, en julio.

La primera clave a tener en cuenta es a quién incumbe el impuesto. Pues bien, desde su última gran reforma, este impuesto obliga a la práctica totalidad de las personas jurídicas en España. Por supuesto, los obligados tributarios naturales del impuesto son las Sociedades Limitadas y las Sociedades Anónimas, las empresas. Muchos autónomos deciden crear para el desarrollo de su actividad económica una sociedad, con la voluntad de ampliar sus posibilidades comerciales, proyectar su presencia en el mercado, asegurar sus inversiones, limitar responsabilidades o, más comúnmente, obtener ventajas fiscales.

Es interesante este tema, sobre el que volveremos en este espacio, para determinar cuándo conviene más y para qué operar como trabajador autónomo o dar el paso de constituir una sociedad (salto con alto grado de riesgo y dificultad, muchas veces). Pensemos por ahora solo que, constituida una sociedad, se tributa aunque no haya obtenido beneficios. Eso no significa que tenga que pagar efectivamente, porque cualquier porcentaje sobre cero es cero, pero sí está obligada a tramitar todas las formalidades del impuesto en tiempo.

Además de las empresas de naturaleza capitalista, el impuesto llega también a otras formas que no son propiamente empresas, pero que desarrollan o pueden desarrollar actividad económica: sociedades civiles, asociaciones, fundaciones. Es muy importante recordar que estas entidades, con independencia de que tengan que pagar o no, están obligadas a la presentación formal del impuesto. Esta imposición en materia de dación de cuentas, si se quiere, es una obligación ineludible. No es la obtención de beneficio la que determina la obligación de cumplimentar el impuesto de sociedades, sino la naturaleza del obligado tributario. Tener esto claro evitará desagradables sanciones seguras.

Segundo aspecto relevante: qué y cuánto se paga. De una forma tremendamente breve, puede decirse que el impuesto de sociedades tributa un porcentaje del resultado contable de la sociedad (ingresos menos gastos). Así que es esencial en cualquier estrategia fiscal sobre este tributo someter a una estricta atención la contabilidad de la empresa, o del obligado tributario de que se trate, porque ésta determinará el resultado contable y, por tanto, cuál sea la base imponible del impuesto. A dicha base se le aplica un porcentaje. El tipo general en nuestro país es del 25 %. Sobre el papel puede resultar más simple que otros tributos. Muy resumidamente, la cuota del impuesto es una cuarta parte de nuestro resultado.

Hay casos de reducción de este tipo general: un quince por ciento para emprendedores, durante los dos primeros años desde la obtención de la primera base imponible positiva; un diez por ciento para asociaciones y fundaciones, siempre que cumplan algunos requisitos, vinculados respectivamente a su utilidad pública o al mecenazgo; y el, para muchos siempre sorprendente, 1% de la sociedades de inversión, en los términos específicos, muy específicos, que señala la propia ley del Impuesto de Sociedades (quizás podría plantearse que, en realidad para este caso, estemos aplicando otro régimen fiscal, aunque eso es otro debate).

Hasta aquí puede tenerse la idea equivocada de que se trata de un impuesto de fácil gestión, porque aplica un porcentaje, concreto y objetivo, a una base imponible que se obtiene de otro dato, el resultado contable, también concreto y objetivo. Lamentablemente, no lo es. El Impuesto de Sociedades es simple en cuanto a la obligación de presentación e ingreso, pero complejo en cuanto a la su tramitación documental y muy complejo en cuanto a la determinación del resultado contable, elemento esencial para definir la obligación de ingreso de que se trate.

El resultado contable es la diferencia de ingresos y gastos. Cuando es positiva, aplicación de tipo y obligación cumplida. Cuando es negativa, sujeción al impuesto sin repercusión económica. El problema es que normalmente existen discrepancias entre los resultados contables de las sociedades y las que considera Hacienda, lo que obliga a realizar ajustes o correcciones extracontables. De una manera básica, pueden existir diferencias de calificación, de valoración, o de imputación de gastos e ingresos. Esas diferencias pueden ser positivas o negativas, suman o restan base imponible, y permanentes o temporarias, para un solo ejercicio o para varios.

Si hay un impuesto que requiera de una correcta planificación es éste. La propia operativa de nuestro ejercicio económico productivo nos debe obligar a mantener en un estado de permanente alerta la traducción contable real de nuestra actividad porque supondrá el cuerpo elemental de la base del impuesto. Las obligaciones previas que exige el impuesto y el conocimiento de cuáles pudieran ser al final las diferencias de calificación, valoración o imputación que contemple Hacienda permiten con una planificación y estrategia adecuadas prever el impacto fiscal real que van a tener en el futuro inmediato las acciones económicas, productivas o de inversión que realicemos para el desarrollo de nuestra actividad.

Lo ideal es presentar un impuesto, por tanto, que presente pocas discrepancias porque se hayan resuelto antes, con corrección fiscal, y si incluso a pesar de ello persistieran, corregir en los términos apropiados para evitar incómodos y costosos recargos y procedimientos sancionadores. Por último, si finalmente ese el escenario que hay que afrontar, aunque se haga todo para evitarlo, cualquier fundamento para la interpretación de un criterio contrario al recaudador tendrá más posibilidades de éxito, dentro de la dificultad, cuanto más acreditado esté que su aplicación corresponde a una decisión estratégica fundada, mucho mejor que solo una reacción posterior a la aplicación del criterio diferente por quien va a recibir el impuesto.

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