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El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo no se ha pronunciado sobre la sentencia de los agregadores

La tasa a los agregadores vuelve a estar en el aire. Un nuevo revés para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y CEDRO se ha presentado con la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara nula la Orden Ministerial que aprobaba la metodología para crear una tasa para los agregadores en España.

Esta situación abre un nuevo escenario jurídico y político en el que los agregadores que llegaron a un acuerdo con CEDRO para abonar la mal llamada “tasa a los agregadores” pueden dejar de liquidar ésta así como pedir la devolución de lo abonado hasta la fecha.

La Orden Ministerial que aprobaba la tasa

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, publicó el 4 de diciembre de 2015 la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre por la que se aprobaba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Una Orden que venía a desarrollar el artículo 32.2 del Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual.

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La sentencia abre un nuevo escenario jurídico y político en el que los agregadores que llegaron a un acuerdo con CEDRO para abonar la mal llamada “tasa a los agregadores” pueden dejar de liquidar ésta así como pedir la devolución de lo abonado hasta la fecha.

En virtud de la misma, CEDRO, la entidad de gestión de derechos reprográfico y encargada en este asunto-por voluntad, más que nada-elaboró una tarifa aplicable a los agregadores ajustándose a los criterios de la Orden.

Las tarifas fueron publicadas en julio de 2016 y poco tiempo después, el primer agregador de noticias en España, UPDAY, anunciaba que había llegado a un acuerdo con CEDRO para comenzar a liquidar la tasa y operar su servicio de agregación de noticias en nuestro país.

¿Qué ocurre a partir de ahora que la Orden es nula?

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (“CRUE”) interpuso recurso contencioso-administrativo contra la referida Orden apoyándose fundamentalmente en un defecto formal de la tramitación de la Orden, cual es, que durante la misma, en la memoria de análisis de su impacto normativo, se había obviado llevar a cabo el impacto de la normativa en las familias (Disposición Adicional Décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas).

El Consejo de Estado ya había advertido en un informe previo a la publicación de la Orden Ministerial que ésta no cumplía con el requisito formal de valorar el impacto en las familias. Sin embargo, en la tramitación de la Orden se hizo caso omiso igualmente.

Esta normativa establece que “las memorias de análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia”. Este hecho ya lo había apuntado claramente el Consejo de Estado en su Informe de fecha 12 de noviembre de 2015, cuando analizó esta Orden Ministerial.

El Supremo declara ahora que la Orden Ministerial es nula-y por tanto con efectos ex tunc-por vulnerar una normativa de rango legal, y en concreto, expresando que “la familia-y más aún, como es normal o habitual, la que integra entre sus componentes hijos e/o hijas menores de edad sobre los que los progenitores, tutores o cuidadores ejercen derechos pero también cumplen o han de cumplir deberes inherentes a la relación jurídica trabada entre unos y otros- es potencial afectada, directamente y/o por repercusión, de las tarifas generales que lleguen a determinarse según la metodología que aprueba la Orden Ministerial impugnada”.

La Orden, declarada nula, abre la puerta a un nuevo escenario en el que CEDRO y el sector editorial salen algo “tocados” y en el que los operadores que defendían no abonar la tasa se verán reforzados en su argumento y los que hayan abonado la misma hasta la fecha, los menos, podrían incluso solicitar un reintegro de lo pagado hasta la fecha.

Imagen: El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Moncloa

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