La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha pedido hoy a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que recurra el real decreto que obliga a las plataformas digitales de alquiler turístico, como Airbnb o HomeAway, a proporcionar información a Hacienda.

Adigital y Sharing España, que agrupa a empresas del sector de la economía colaborativa, sopesan también la posibilidad de plantear una queja formal ante la Comisión Europea (CE).

El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, ha señalado hoy, en un encuentro con la prensa, que la nueva norma es “desproporcionada” porque exige una información que las plataformas digitales no tienen o no pueden conseguir, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas emergentes (“startups”).

Según este real decreto, que entró el vigor el pasado 1 de enero, los intermediarios de arrendamientos turísticos deberán enviar información a la Agencia Tributaria a partir del 1 de julio de 2018, y tendrán hasta final de este año para remitir los datos relativos al primer semestre.

Zimmermann ha recalcado que estas plataformas ofrecen a Hacienda su colaboración en la lucha contra el fraude fiscal, pero ha apuntado que las exigencias van “más allá de la trascendencia tributaria”.

El director general de Adigital ha señalado que hay “otro interés detrás”, aunque ha dicho que no sabe cuál es. Según Zimmermann, las plataformas pueden suministrar algunos de los datos requeridos por Hacienda pero no pueden acceder a otros.

Por esta razón, el responsable de Adigital ha pedido a la CNMC que “actúe defendiendo el interés general y ponga en marcha los mecanismos de los que dispone para cuestionar o impugnar este real decreto”. Para ello, ha animado a la CNMC a interponer un recurso contra el decreto “de manera proactiva” antes de que expire el plazo para hacerlo el próximo 28 de febrero.

Zimmermann ha recordado que, si se incumple esta norma, las multas van desde los 84.000 euros a los 2,4 millones de euros, unos 20 euros por cada dato de cada usuario.

El responsable de la asociación ha comparado la norma española con una similar que se aprobó en Francia en 2016 y que entrará en vigor en 2019, por lo que -ha dicho- las plataformas francesas cuentan con mucho más tiempo para reunir la información requerida, que, además, es “sensiblemente inferior”. Para Adigital, se está aplicando un decreto que se ha elaborado “de forma apresurada” y sin entender el modelo de negocio de las plataformas colaborativas.

De acuerdo con esta asociación, facilitar los datos de más de 9 millones de turistas extranjeros es un requisito “insostenible” que no se justifica con el objetivo de combatir el fraude fiscal.

Zimmermann considera que la normativa aplicada a los intermediarios de alquileres turísticos podría extenderse a otras plataformas colaborativas, como BlaBlaCar. Responsables de Adigital y Sharing España se han reunido con la CE para valorar la posibilidad de presentar una queja formal, al entender que el real decreto es contrario a varias directivas comunitarias.

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